Gobierno quiere darle cheque en blanco al FMI

DEL DIARIO EXTRA

José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Partido Frente Amplio, denunció este martes en el Plenario legislativo que el gobierno quiere darle un cheque en blanco al Fondo Monetario Internacional (FMI) por medio de un crédito rápido.

Para el congresista no es de recibo que la Presidencia de la República meta presión para aprobar dicho empréstito por $508 millones sin antes explicar la agenda paralela que se estaría negociando con las autoridades del Fondo.

Dijo que el jueves anterior estaba prevista una reunión con las diferentes bancadas en Casa Presidencial para ahondar con respecto a esta preocupación, pero fue cancelada.

Pese a esa falta de información con las diferentes fracciones, el Ejecutivo decidió este lunes retirar todos los proyectos de ley que estaban en discusión en el Plenario para que los diputados se centraran en aprobar el millonario préstamo con el FMI.

CONDICIONES

DIARIO EXTRA conversó con Villalta, quien aseguró que la preocupación no es por las condiciones del préstamo, ni para qué se utilizarán dichos recursos, pues se está claro que se busca cambiar deuda cara por deuda barata. La incógnita es la agenda que pudo haber negociado el FMI con las autoridades a cambio del dinero.

Recordó lo sucedido en Costa Rica durante la década de los 80, cuando se disminuyó el tamaño del Estado como parte de los ajustes solicitados por organismos internacionales. También destaca el caso de Argentina, donde el panorama económico sigue siendo incierto.

“Este es un préstamo en condiciones favorables, es un préstamo blando que permitiría financiar el presupuesto sustituyendo endeudamiento interno, que es muy caro. También tiene una tasa de interés baja y un plazo de gracia razonable. Es decir, en sí mismo es un préstamo que tiene condiciones favorables, el problema es que está amarrado a una agenda, a una negociación con el FMI que el gobierno no ha anunciado ni explicado de una forma transparente”, aseveró Villalta.

Agregó: “Desde que se firmó este primer instrumento, quedó claro que era la llave de entrada a una negociación de un crédito stand by con el Fondo, que es el primer paso para esa negociación, y que hay una serie de compromisos que el país va a asumir, pero que el gobierno no quiere publicar”.

Recordó que el primero que hizo públicas ciertas intenciones del organismo internacional fue el exministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

“Estaban valorando la venta de activos. Empezaron a hablar de la venta del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa). También de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). No hay transparencia. Nosotros le hemos pedido al gobierno que nos enseñe cuál sería la propuesta que le presentaría el Fondo cuando se abra esa negociación, pero se niegan”, adujo.

Continuó: “Desde la semana pasada había una reunión donde iban a exponer cuál sería el planteamiento de Costa Rica ante el Fondo. Yo lo que creo es que no se puede dar un cheque en blanco si no tenemos claridad de qué es lo que se va a negociar con el Fondo y qué no se va a negociar”.

MÁS DEUDA

Otro de los cuestionamientos de los parlamentarios en relación con el crédito tiene que ver con los niveles a los cuales está llegando la deuda pública.

Walter Muñoz Cespedes, del Partido Integración Nacional (PIN), denunció que el empréstito con el FMI forma parte de un grupo de créditos que incrementan la deuda del Estado en $2.539 millones.

Es decir, pasará de $38.100 millones a $40.639 millones.

RECHAZAN AGENDA PARALELA

Al igual que lo han expresado los ministros de Hacienda y Planificación en el Congreso, la diputada oficialista Laura Guido Pérez rechazó que exista una agenda paralela y lo único que se busca es canjear deuda.

Dijo que de no avanzarse en la aprobación los costarricenses tendrán que desembolsar hasta ¢100 mil millones más por concepto del financiamiento de la deuda pública al 2024.

“Este proyecto de ley no es deuda nueva. La deuda ya la aprobó la Asamblea Legislativa cuando aprobó los presupuestos. Este proyecto de ley es decidir si ustedes quieren cobrarles a los costarricenses 5% de interés por esa deuda o 1,55%. Este proyecto lo que nos permite es pagar lo mismo que íbamos a pagar, pero a una tasa menor”, defendió Guido.

“Si no se aprueba este proyecto el Estado costarricense va a financiar lo mismo, pero gastando ¢100 mil millones más, eso es así de práctico y así de concreto. Hay un debate adicional a este proyecto de ley que tiene que ver con los diálogos que abre el FMI con Costa Rica, sin embargo es absolutamente claro que este empréstito en particular no tiene condicionamientos de cara a ese diálogo nacional y está con todas las letras a lo largo y ancho de este expediente así dicho. Entonces, si vamos dilapidar la plata de los costarricenses hablamos de la deuda y de dónde la colocamos. Hablemos de los intereses y de lo que estamos dispuestos en poner en desperdicio la plata de la gente”, aseveró.

¿QUÉ BUSCA EL GOBIERNO CON EL FMI?

Se busca un crédito por $508 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) bajo la figura del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR). El crédito de IFR citado está contenido en el Expediente No. 22.018, “Autorización al Gobierno de la República para la contratación de un crédito por medio del Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyo presupuestario en la atención de la emergencia Covid-19.”

El gobierno ha dicho que el IFR es la llave para avanzar formalmente en la negociación de un Acuerdo Stand-By (SBA) con el FMI, que, en conjunto con el IFR, podría aportar $2.250 millones en tres años. 

Este acuerdo, a su vez, permitirá cubrir una parte de las necesidades brutas de financiamiento del 2021 (que en este momento se estima podrían ascender a 14,5% del PIB). 

Además, el SBA proveería un marco formal para las acciones encaminadas a lograr la sostenibilidad fiscal a corto y mediano plazo, que se espera permitan alcanzar un superávit primario del orden de un 2% del PIB en el año 2024 y reducir la deuda del Gobierno Central al 50% del PIB para el 2034.

Fuente: Presidencia de la República