Comunidades cercadas por monocultivos señalan abandono y vulnerabilidad en contexto de pandemia

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Costa Rica es reconocida internacionalmente por su imagen de país verde e iniciativas en temas de cambio climático y de protección del medio ambiente, incluso en 2019 obtuvo el galardón “Campeones de la Tierra” entregado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sin embargo, muchos territorios y poblaciones viven diariamente fuertes afectaciones ambientales, sanitarias, laborales y comunitarias, vinculadas con los monocultivos, principalmente de piña, banano, caña de azúcar y palma africana.

Las empresas transnacionales del sector agroindustrial con una especie de empatía estatal, se han dedicado a contaminar mantos acuíferos, ríos, tierras, el aire, al tiempo que generan  vínculos laborales violatorios de derechos, según han señalado durante años sectores ecologistas, comunitarios y académicos.

El Diagnóstico comunitario del COVID-19 en territorios y poblaciones vulnerabilizadas, impulsado por proyectos de Acción social de la Universidad Costa Rica y el Instituto Nacional Aprendizaje Región Chorotega, profundiza en la forma en la que estos conflictos históricos se manifiestan durante el contexto de la pandemia, “los problemas con las piñeras se han dado desde siempre. Están destruyendo el paisaje”– enfatiza Marta Mejía vecina de Medio Queso de Los Chiles, en la Zona Norte, reforzando que la transformación de los territorios y de las formas de vida, vienen sucediendo hace más de tres décadas con el impulso de este modelo de producción.

La contratación de mano de obra barata y deficientes regulaciones ambientales así como el seguimiento de las instituciones pertinentes en torno al uso de la tierra y de agroquímicos, hacen de Costa Rica un escenario atractivo para los monocultivos. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, estableció que el país es el número uno en el uso de estas sustancias por hectárea (FAO, 2020), es decir, Costa Rica es el país más fumigado con agrotóxicos en el mundo. Esta falta de regulaciones pero sobretodo la bondad gubernamental hacia el sector privado, no sólo pone en cuestionamiento el ideal de “país verde”, sino que además afecta a las personas trabajadoras, ya que los controles sobre el cumplimiento de derechos laborales y medidas sanitarias es ineficiente.

La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para estas comunidades empobrecidas cuya economía está supeditada a la agroindustria y sus cadenas de valor.

Mayor vulnerabilidad durante la pandemia

En tiempos de pandemia, las problemáticas se acrecientan, y el hecho de no tener condiciones laborales propicias, se suma al incumplimiento por parte de las empresas al acatamiento de las medidas sanitarias dictadas por el Ministerio de Salud. Según Evelia Pineda vecina de Los Chiles, “a las personas trabajadoras no se les provee con tapabocas, y no hay utensilios de limpieza e higiene en las plantaciones”, señala con preocupación.

La pandemia no solo ha incrementado la vulnerabilidad en términos de salud para las personas trabajadoras de este sector, también ha tenido un importante impacto económico para las familias, “he escuchado de problemas de pago a las personas trabajadores bajo la excusa de la pandemia”- señala Vicenta, vecina de Upala. Estos dos factores unidos resultan en una fórmula que condensa la desigualdad territorial de las regiones que históricamente han presentado mayores índices de empobrecimiento.

Algunas organizaciones comunitarias, han intentado ser vigilantes de estas empresas, no obstante, como señala Erlinda Quesada de la comunidad de Guácimo, “las empresas dicen que cumplen con los protocolos pero cuando se ha llegado a verificar si eso es verdad, el acceso no es permitido”, mientras continúan otras irregularidades usuales por parte de esas transnacionales, “las empresas esconden a los trabajadores porque no cumplen con las medidas sanitarias”, cuenta René Álvarez recuperador de tierra en Medio Queso, Los Chiles, situación que se presenta de forma similar en Upala, según indica Francisca Wilson “en los cultivos de naranja lo que hicieron fue regresar a las personas enfermas y no reportar los casos. La empresa no la cerraron.”

Según los datos recopilados por el proceso diagnóstico, muchas comunidades identifican una desatención por parte de las instituciones frente a la garantía de condiciones dignas y salubres de trabajo y de vida en general. Sobre esto, se señala que no se han vuelto a ver funcionarios públicos haciendo inspecciones, lo cual agrava las situaciones de irregularidad. En lo cotidiano, la falta de controles provocan que muchas personas trabajen en condiciones deficientes y estén expuestas, por ejemplo, a problemas respiratorios, lo cual puede convertirse en un agravante si se contagian de Covid-19. Sin embargo, no son solo los controles sobre la aplicación de las medidas específicas frente a la pandemia, también se hace hincapié en las afectaciones a la salud que estaban presentes antes de este contexto, relacionadas principalmente con el uso de agrotóxicos y limitación del acceso al agua para muchas comunidades.

Múltiples dimensiones de la problemática

En las plantaciones de monocultivos la mayoría de las personas trabajadoras son migrantes, indocumentadas que dependen del trabajo día a día para solventar mínimamente las necesidades básicas de sus familias, aunque el pago recibido no alcanza para una vida digna, así se trabaje de sol a sol. 

Por otro lado, para las mujeres, el contexto pandémico ha profundizado las desigualdades y las violencias, pues les han tocado asumir dobles y triples jornadas laborales dentro del hogar,  “al principio fue difícil, porque la mujer está acostumbrada hacer todo en la casa, y ahora tiene que también ver a los niños y a su compañero en casa, el cual no hace nada, es terrible”, cuenta Yamileth vecina de Upala, ama de casa y agricultora. Aunque también, se reconoce que las mujeres han sido resilientes, generando nuevas formas de intercambio y producción, más solidaridad y menos lucro.

Sin lugar a dudas, el panorama que nos arroja el diagnóstico nos desafía como sociedad y como universidad, a seguir construyendo alternativas para la transformación.